El dicho «lo que va bien no se toca» no ha sido, precisamente, tenido en cuenta por los últimos rectores de Loterías y Apuestas del Estado. Para colmo, unos pocos han tocado lo que puede tocar a todos; una institución arraigada en la sociedad española, elemento de cohesión de todos sus territorios y factor aleatorio, distributivo e igualitario, que no hace acepción de personas ni de situaciones sociales a la hora de proporcionar riqueza. Y no sólo de hacer ricos, sobrevenidamente, a multitud de ciudadanos agraciados con los premios, sino, lo que es más importante, al propio Estado, que lleva dos siglos ingresando regularmente lo percibido por la venta de una Lotería que, además, no pocas veces deja el premio en casa cuando los billetes afortunados no se han vendido en todo o en parte.
Conozco bastante bien este sector, tanto por razones académicas, a través de informes elaborados desde la Universidad de Oviedo para las principales federaciones de administradores de loterías, como por razones de proximidad y amistad con muchos de estos profesionales, ya que, no en balde, los dos últimos presidentes de Fenapal -María Teresa Fernández Díaz y Víctor F. Gión- son asturianos. Con ellos acrecenté mi interés por el régimen jurídico de estos juegos y fui testigo privilegiado de las mil vueltas de tuerca que, en la última década, les han dado desde el Ministerio de Economía y Hacienda y desde lo que ahora se llama el organismo regulador. Desde conminaciones a plazo para abandonar el régimen concesional público, pese a que una Adicional de una reciente Ley de Presupuestos les reconoce sus derechos adquiridos, hasta una amenaza al histórico décimo en papel, pasando por liberalizaciones y desprofesionalizaciones constantes del sector. E, incluso, porque me consta, recibiendo descalificaciones nada veladas de «reliquias del franquismo», como si los actuales administradores -como en el caso de los estancos- fueran todos prebendados de la Dictadura. En el año 1956, es verdad, se aprobó una Instrucción General de Loterías, pero no era otra cosa que la puesta al día de la que, el 25 de febrero de 1893, por Real Orden de la Reina Regente, había sido instada por el ministro don Germán Gamazo. Si los datos no me fallan, el Caudillo ferrolano tenía por entonces dos meses de vida.
El último coletazo de quienes, por cierto, sin carnet, se dicen socialistas, ha sido, ante los apuros económicos, anunciar la privatización, en principio, del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y su inherente salida a Bolsa.
La llamada Lotería Primitiva o de números, fue establecida en España por Real Orden de 30 de septiembre de 1763, siendo secretario de Hacienda don Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, y alcanzó en su primera época casi un siglo de vida, ya que fue suspendida el 9 de febrero de 1862. La Lotería moderna o de billetes, a la que desde un primer momento se adjetivó de Nacional, coexistió con la primitiva poco más de medio siglo, ya que fue introducida en España mediante orden de las Cortes de Cádiz, de 13 de noviembre de 1811, con el pretexto benéfico de socorrer las necesidades de los enfermos ingresados en el Hospital General de dicha ciudad. Tenía su precedente en la Lotería de Nueva España, establecida por Carlos III en 1770. El 18 de diciembre de 1812, en Cádiz, cómo no, se celebró el primer sorteo de Navidad y se extrajo como primer premio del sorteo el número 03604. El billete de lotería había costado 40 reales y el primer premio se pagó a 8.000 pesos fuertes.
En la privatización de la Lotería Nacional, sin duda propiciada de buena fe, pero con escaso acierto y nulo espíritu jacobino y a la que no se opusieron las fuerzas políticas de derechas que ahora se burlan de la retirada del paquete que iba a ser sacado a cotizar (con lo que ya podemos suponer qué harán si llegan a gobernar), bien se puede decir que los gestores públicos, incluso cuando la crisis no había estallado, quisieron optar por el símil de matar a la gallina de los huevos de oro. Aun a sabiendas de que el metal precioso iba a dejar de asomarse con la periodicidad y el vigor acostumbrado a las arcas públicas. Se trataba, en suma, de hacer caja instantánea y para ello se apeló al Derecho comunitario, cuando ninguna norma de Bruselas ni ninguna sentencia de Luxemburgo han obligado a medidas similares que parecen encaminadas a repartir cartas entre el futuro regulador y los potenciales operadores. Muy al contrario, el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en reiterada doctrina, valga de ejemplo la sentencia de 8 de septiembre de 2009, ha dejado claro que no existe normativa comunitaria al respecto, siendo perfectamente posible y compatible con el mercado único europeo el mantenimiento por parte de los Estados del monopolio de los juegos como las Loterías.
La Lotería Nacional se configuró como un monopolio del Estado, con una red de administraciones en régimen concesional y su generosa recaudación es desde antiguo en nuestro país un ingreso ordinario del Presupuesto estatal. Pese a ello y a la añeja relación entre los décimos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o a la excepción que durante décadas supuso la Lotería Nacional a la prohibición legal del juego, las Cortes Generales han ignorado secularmente a uno de los símbolos más importantes de la realidad social española, dejada en manos de normas reglamentarias de los gobiernos de turno. Y cuando, por fin, a los dos siglos de las Cortes de Cádiz, en la Carrera de San Jerónimo se acuerdan del asunto es para asestarle un golpe transformador que quizá, en vez de revitalizarla, la mande a mejor vida.
No digo que me alegre del fiasco, por muchos pronosticado (y comparto la modesta medalla) de esta abortada salida a Bolsa, cuando los depredadores de los mercados son conscientes de la debilidad de la otrora joya de la Corona y de la avidez de liquidez que la operación deja en evidencia. Quiero lo mejor para la economía española, pero con los tiempos que corren y pese a haber querido allanar el terreno a accionistas y futuros operadores cargándose de facto la red profesional, era lógico que la gallina muerta (o mutilada al 30%) no tuviera en sus entrañas pepitas doradas que atrajeran a la fauna carroñera que, desde los misteriosos mercados, nos gobierna vidas y haciendas. Y al Ministerio de Hacienda, a lo que se ve.
Hace algunos años, discutiendo con un defensor institucional de esta Lotería privatizada y desnaturalizada, me confesaba que, del asunto concreto de la historia del juego y de sus derechos inherentes, sabía poco, pero que de números iba sobrado. Pues, como dicen ahora, va a ser que no. Que tampoco.
Rectificar, sobre todo si una decisión es poco acorde con la ideología que se dice tener, es de sabios. Pero está claro que los sabios, como los prudentes, son una especie en peligro de extinción.
Fuente: www.elcomercio.es
