Finalmente, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) no saldrá a bolsa. Al menos, de momento. El Gobierno del Partido Socialista decidió ayer a última hora de la noche cancelar la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, prevista para el próximo 19 de octubre, ante el empeoramiento del escenario bursátil, marcado por una extrema volatilidad, y la fuerte oposición del Partido Popular. Han sido ambos factores, según explican fuentes próximas a la operación, los que han terminado de desalentar a los inversores institucionales extranjeros, que veían con malos ojos la proximidad de las elecciones generales del 20 de noviembre, en las que se prevé un cambio de Gobierno.
El hecho de que el grueso de negocio de la compañía estatal esté regulado, junto con la caída en bolsa en los últimos meses de otras empresas cotizadas comparables, había llevado en los últimos días a numerosos grandes gestores de fondos institucionales a pedir una revisión a la baja de la valoración de la compañía.
Déficit estatal
Así las cosas, el grupo organizador de El Gordo ha decidido dar marcha atrás en sus planes de vender un 30% de su capital, en la que habría sido la mayor salida a bolsa de la historia de España, por la que el Ejecutivo habría obtenido entre 7.000 y 8.000 millones de euros para cuadrar las cuentas públicas.
Desde el Ministerio de Economía, dijeron que el frenazo se debe a que “no se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor”. Según añadió el gabinete dirigido por Elena Salgado, “en este momento, la situación de los mercados de capitales es muy distinta y la sociedad, con el debido asesoramiento, considera que no se dan las condiciones adecuadas para garantizar unos ingresos que reflejen el valor de la entidad”.
El Gobierno subrayó que la operación para colocar una participación de Loterías en el mercado “podrá retomarse cuando las circunstancias del mercado lo recomienden”.
La presión del PP también ha pesado mucho en esta decisión, señalan las mismas fuentes. Como ya adelantó EXPANSIÓN el 1 de junio, los populares aseguraron que, si llegaban al poder antes de que culminara la salida a bolsa, la paralizarían. “No queremos malvender LAE para hacer caja ahora con el fin de reducir el déficit público y que las arcas del Estado pierdan dinero en el futuro”, aseguró Antonio Gallego, ponente del Grupo Popular para la Ley del Juego en el Congreso. “No tiene sentido vender mal por cinco años de beneficios”, insistía Gallego.
El pasado viernes, Cristóbal Montoro, coordinador de Política Económica del PP, fue muy duro con la operación y, el martes, exigió al Gobierno que la parara.
Ayer, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, criticó que Loterías mantenga su régimen de monopolio, pese a la privatización, y no quiso adelantar cuáles serían las medidas que adoptaría el PP, ni de qué manera afectarían a los inversores en la OPV. “Ellos sabrán en qué se meten”, dijo.
La 'oposición' a la OPV
El Partido Popular
El Partido Popular ya advirtió el pasado 1 de junio de que pararía la operación si llegaba al poder antes de que culminara, cuando se creía que las elecciones serían en marzo. Pero fue el pasado viernes cuando Cristóbal Montoro hizo unas declaraciones muy críticas, cuando dijo que se estaba malvendiendo la entidad y que podría haber malversación de caudales públicos. El pasado martes, exigió que se paralizara, a lo que se sumó ayer Álvaro Nadal. Los populares ya tienen recurrida la ley que insta la privatización ante el Tribunal Constitucional.
El 75% de los ‘loteros’
Buena parte del valor de Loterías es su red de administraciones, que reúne unos 4.000 establecimientos, a los que se suman cerca de 6.000 locales mixtos por toda España. El 75% de la red no ha firmado el contrato mercantil que reconvierte la concesión administrativa, ya que lo consideran “leonino”. La Agrupación Nacional de Asociaciones de Administraciones de Lotería (Anapal) ha sido muy crítica con el proceso. En diciembre de 2009, cuando se anunció la privatización, hubo huelgas de loteros y manifestaciones ante el Ministerio de Economía.
Los bancos españoles
Otros de los opositores sobrevenidos a la operación han sido algunos bancos, ante la dificultad que les estaba suponiendo atraer inversión para la compañía, en un mercado con falta de liquidez. En los últimos días, fuentes del sector del juego y analistas conocedores del proceso alertaban del descontento de las entidades financieras, sobre todo, de las españolas, con la operación, ya que podría detraer hasta 4.000 millones de euros de depósitos y otros productos de ahorro. Loterías contemplaba abonar un dividendo mensual de hasta el 8% a sus accionistas.
El sector del juego tradicional
Las grandes empresas españolas del juego tradicional denunciaban que Loterías estaba financiando su entrada en el mundo del juego online con esta privatización, bajo un negocio obtenido en régimen de monopolio. Compañías como Cirsa y Codere apostaban por tomar medidas legales contra la operación, por considerar que existían ayudas públicas implícitas en la forma de actuar del grupo organizador de El Gordo. Uno de los caballos de batalla es la exención fiscal de los premios de Loterías y Apuestas, que continuaría tras la salida a bolsa en régimen exclusivo.
